Antiviolencia propone prohibir a los vándalos el acceso a recintos deportivos.
La comisión Antiviolencia ha propuesto hoy multar al Espanyol con 18.500 euros por los incidentes ocurridos en el partido de Liga contra el Barcelona del sábado, cuyos causantes tendrán que pagar 65.000 euros por el lanzamiento de bengalas y tendrán prohibido el acceso a los recintos deportivos durante cinco años.
EFE Albert Soler, presidente de la Comisión y director general de Deportes, explicó que se ha aplicado "la pena máxima de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo" a los seis aficionados identificados como causantes de los hechos -cinco Boixos Nois detenidos y uno del Espanyol-, que también recibirán multas por lanzamiento de piedras a vehículos policiales, lanzamiento de objetos e invasión de campo.Según explicó Soler, la Comisión consideró infracción muy grave el lanzamiento de bengalas por parte de los aficionados identificados, para los que propone multa de 65.000 euros a cada uno y prohibición de acceso durante cinco años.Por el resto de infracciones, consideradas como graves por la Comisión, ésta propone 6.000 euros de multa y dos años sin acceder a recintos deportivos por el lanzamiento de piedras a coches de las Fuerzas de Seguridad; 4.000 euros y un año de prohibición por lanzamiento de objetos y otros 4.000 euros y 12 mese de prohibición por invasión de campo.La Comisión también propuso dos multas para el Espanyol, como organizador del encuentro, por infracción grave, al presentar deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores cuantificadas en 15.000 y 3.500 euros, respectivamente.La nueva ley contra la violencia establece para infracciones graves multas de 3.000 a 60.000 euros y de 60.001 euros hasta 650.000 como máximo por infracciones muy graves.Soler recordó que la propia Comisión consideró el encuentro previamente como de alto riesgo y reconoció que ha sido "consciente del esfuerzo que hizo el club para evitar" los sucesos y de las alegaciones que ha presentado en su defensa a la hora de proponer un castigo para éste.También explicó que Antiviolencia no ha recibido ningún informe de seguridad que hable del comportamiento de los jugadores del Fútbol Club Barcelona y que "no es competente para analizarlo si no es así", aunque sí hizo un llamamiento para que se eviten actitudes que puedan inducir a la violencia."Los jugadores están dentro del ámbito disciplinario federativo y no tenemos competencia directa, pero la Comisión quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad no sólo de los jugadores sino de todos los actores para extremar al máximo los comportamientos que pueden inducir a la violencia por lo que todos tienen de influencia", dijo.Soler también explicó que no se propone ninguna multa para el Barcelona ya que el club "no tiene responsabilidad sobre la actitud de sus seguidores". "Sería complicado responsabilizarlo de acciones de personas con derechos y obligaciones. No les hace diferentes por ser de un club de fútbol o de otra organización", dijo.El presidente de Antiviolencia indicó que aunque el acta arbitral sí refleja el lanzamiento de una botella al campo este hecho no figura en el informe de seguridad y explicó que la Comisión tampoco tiene datos para determinar si se procedió de forma adecuada al cacheo de los aficionados antes de acceder al campo."Los Mossos d'Esquadra son los que estaban allí en ese momento y los que pueden determinar si se hicieron los cacheos o no. El resultado final es que entraron las bengalas y por tanto es cierto que no hubo un chequeo a fondo. Había alegaciones por parte del club de que no pudieron hacer el cacheo por las condiciones en que llegaron esos aficionados al campo", añadió.Soler, que apuntó que el Comité de Competición debe pronunciarse también sobre los hechos, reiteró que Antiviolencia no es competente para sancionar la actitud en que los seguidores del Barcelona llegaron al estadio y recordó que "están abiertas diligencias policiales" sobre el caso."Éste es un acto desgraciado que todos queremos que no se repita. Que esos cinco individuos estén en prisión a nosotros como Comisión nos ayuda. Socialmente éste es un hecho muy grave y en la medida que tenemos competencias hemos querido aplicar la máxima pena posible a esas personas", concluyó.
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